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La demanda por acoso sexual contra Lizzo sigue adelante

Por Nia Aish / 04/02/2024
La demanda por acoso sexual contra Lizzo sigue adelante

El reciente intento de la cantante Lizzo de desestimar la demanda por acoso sexual que enfrenta ha sido rechazado por un juez. Como muchos recordaréis, dicha demanda fue presentada por tres de sus antiguas bailarinas: Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez.

El equipo legal de Lizzo buscó el rechazo del caso, sosteniendo que las acusaciones eran un intento de «silenciar» a la cantante. Sin embargo, el juez dictaminó que la ley a la que aludían no se aplicaba a este caso, por lo que sigue adelante.

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Por otro lado, el equipo legal de las bailarinas sostuvo que una celebridad como Lizzo no puede estar siempre exenta de responsabilidad civil porque toda su conducta esté protegida como «libertad de expresión».

Lizzo tendrá que ir a juicio tras ser demandada por acoso

La demanda por acoso, presentada en agosto, nombra a Lizzo, su compañía de producción, Big Grrrl Big Touring, y su capitana de baile, Shirlene Quigley, como demandados. Las demandantes alegan que Lizzo una vez llamó la atención sobre el aumento de peso de una bailarina y luego despidió a esa persona después de que grabara una reunión debido a una condición de salud.

Según la demanda, dos de las bailarinas comenzaron a trabajar con la artista después de competir en su reality show de Amazon en 2021, «Watch Out for the Big Grrrls», y luego fueron despedidas. La tercera demandante fue contratada el mismo año después de actuar en el videoclip de ‘Rumors’ y renunció a principios de este año.

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Si bien algunas acusaciones, como las afirmaciones de que Lizzo avergonzó a una de sus bailarinas por su peso, han sido desestimadas, el caso en su conjunto continuará en juicio. El conflicto entre Lizzo y sus exbailarinas representa un punto de inflexión en la discusión sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad civil de las celebridades.

El juez que lleva el caso argumentó que sería peligroso para el tribunal interferir en una actividad protegida por la Constitución, pero igualmente peligroso ignorar las acusaciones de discriminación u otra mala conducta porque ocurren en un entorno relacionado con el discurso.